PIAR: Del papel a la realidad

Imagen tomada de https://aginformacion.tv

El Plan Individual de Ajustes Razonables (PIAR) fue normalizado en Colombia con el decreto 1421 de 2017. Han sido 2 años y 8 meses desde su implementación con obligatoriedad de cumplimiento en todas las instituciones educativas estatales y privadas del país. En este tiempo se han logrado muchos avances en materia de inclusión educativa a la población con discapacidad como también han quedado muchos vacíos para padres de familia, profesores, profesores de apoyo, directivos, terapeutas, psicopedagogos y demás personas involucradas directa o indirectamente en los procesos escolares de los niños.

Quisimos conocer estadísticamente las percepciones de toda la comunidad educativa en general acerca de los beneficios y posibles mejoras del PIAR y compartir los datos con fines ilustrativos. En los que se analiza el plan más allá de un papel y llevándolo al contexto real y su aplicación en las instituciones educativas de diversos municipios del país.

Admirablemente la gran mayoría de las personas involucradas con los procesos de aprendizaje de los niños con discapacidad (educadores, terapeutas, psicopedagogos, etc.) conocen las directrices establecidas en el decreto, el PIAR y los puntos que debe contener.

Para muchos ha sido un plan ingenioso que contempla la sensibilización de todos en el proceso de inclusión y diversidad educativa establecidos por ley. Se destaca la importancia de conocer claramente a cada estudiante, sus deficiencias, barreras, necesidades y principalmente sus capacidades, para realizar Ajustes Razonables y pertinentes al currículo educativo; y establecer metas específicas en el aprendizaje durante el año escolar. Muchos docentes resaltan que el PIAR ha sido una gran ayuda en su práctica pedagógica en el aula, además de ser una guía novedosa para los procesos de enseñanza, aprendizaje y evaluación del cual todavía están aprendiendo.

El gobierno decretó que es responsabilidad de los entes territoriales prestar asistencia técnica y pedagógica en los establecimientos educativos públicos y privados para la consolidación del decreto 1421 y el PIAR. Contradictoriamente la mayoría de las involucrados sienten que la capacitación y ejemplificación para su aplicación ha sido pobre por no decir nula. Un gran número de educadores han tenido que aprender sobre la marcha el funcionamiento del plan, encontrando falencias sustanciales en su estructura y sus alcances en contexto grupal e institucional. Además de no contar con recursos físico, financieros, didácticos, pedagógicos y profesionales de apoyo suficientes para abarcar las necesidades de las instituciones educativas.

Claramente es deducible percibir que el estado ha fallado y que el PIAR tiene aun muchas cosas que mejorar. No obstante, como comunidad educativa de igual forma debemos considerar algunas correcciones en pro de una adecuada inclusión.

Como profesores estamos llamados a promulgar y defender los derechos de todos en los que se incluye las personas con discapacidad. Por esa razón, más que ver el Plan Individual de Ajustes Razonables como una carga defectuosa y obligatoria, debemos contemplarlo como un avance significativo hacia la inclusión. No es netamente responsabilidad del maestro de apoyo diseñarlo y aplicarlo, en realidad es un trabajo en conjunto liderado por el cuerpo docente oficial, las directivas, docentes de apoyo y los padres de familia.

Es obligación de las familias conocer acerca del PIAR, exigir su creación, así como ser partícipes activos en su diseño, aplicación y evaluación. Apoyar a los docentes en las actividades planteadas para el colegio y la casa, además de cumplir con los acuerdos establecidos. No funciona sólo con dejar al estudiante en el colegio y ver que aprende.

Las instituciones educativas no pueden obstaculizar el proceso de matriculación a estudiantes con cualquier tipo de discapacidad (física, intelectual, sensorial, psicosocial, cognitiva). También son responsables de verificar la correcta aplicación del PIAR, así como de exigir a las secretarias de educación los apoyos y recursos pertinentes. De igual forma, enfatizar ante los entes territoriales las falencias del programa para futuras correcciones.

El no saber sobre necesidades educativas diversas, no tener muchos recursos o no conocer la legislación no son excusas para vulnerar el derecho a la educación integral e inclusiva a las personas con discapacidad. Los avances pueden no ser perfectos, pero al fin de cuentas son mejores que nada.